Podemos entender que la inequidad social, el injusto trato histórico hacia los indígenas y las malas prácticas arraigadas a los procesos de procuración e impartición de justicia, representan aún un importante desafío al acceso pleno de las y los indígenas a la justicia estatal.
axaca es la entidad que concentra mayor diversidad cultural y lingüística en México, dicha diversidad también se traslada al ámbito jurídico y esta circunstancia ha propiciado que en los últimos años el Poder Judicial de la Federación, incluyendo de manera importante al Tribunal Electoral, así como el Poder Judicial local, inicien procesos sin precedente para hacer efectivos los derechos de los pueblos, comunidades e individuos indígenas y con ello acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, no obstante, estos procesos no permean en las resoluciones cotidianas de los juzgados, ni crean precedentes que obliguen al conjunto de la magistratura.
En tal sentido, podemos entender que la inequidad social, el injusto trato histórico hacia los indígenas y las malas prácticas arraigadas a los procesos de procuración e impartición de justicia, representan aún un importante desafío al acceso pleno de las y los indígenas a la justicia estatal.
A partir de esta nueva perspectiva reconocida constitucional y convencionalmente se han implementado, protocolos, capacitaciones y resoluciones que abren la puerta al pluralismo jurídico, tanto en el reconocimiento de la justicia indígena, como en la incorporación de medidas auxiliares de la justicia: interpretes, traductores, amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) y particularmente periciales jurídico-antropológicas, que han permitido soluciones novedosas a viejos conflictos de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano.
La aplicación de este nuevo modelo de pluralismo e interpretación jurídica, además de representar un aliciente, hace patente cierta debilidad institucional para llevarlos adelante. Por una parte, la enorme cantidad de peritajes que hoy día se solicitan no tienen posibilidad de respuesta por parte de las instituciones abocadas al tema, tanto por falta de personal capacitado como por falta de recursos, sistematización de la información relevante y medios para hacer campo en los términos judiciales. Por otra parte, la solicitud de peritajes y traducciones comienza a ser una medida formal con que los jueces buscan cubrir las exigencias constitucionales, legales y jurisprudenciales, pero sus enfoques y preguntas dejan sin sustancia los derechos protegidos por la Constitución.